Diputadas del PAN y el PRI presentaron ante el Congreso de la Ciudad de México dos propuestas en torno al feminicidio de la joven Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, ocurrido recientemente en la capital del país.
En sus Puntos de Acuerdo, la panista Daniela Gicela Álvarez Camacho y la priísta Tania Nanette Larios Pérez hicieron un llamado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para que se esclarezcan las irregularidades en la investigación de este feminicidio, así como los actos de corrupción cometidos en perjuicio de la víctima y de su familia en el proceso judicial de dicho caso.
También pidieron a la FGJCDMX que el proceso judicial y las audiencias respeten el principio de publicidad y se evite realizarlas a puerta cerrada, y que se atiendan de manera urgente todos los casos relacionados con esquemas de engaño de supuestas ofertas laborales.
Desde la tribuna, la legisladora Daniela Álvarez aseveró que este caso y las irregularidades en las indagatorias, obligan a las y los diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local a actuar con responsabilidad, institucionalidad y compromiso con la justicia.
“Este feminicidio no sólo indigna por la brutalidad del crimen, sino porque hay algo más grave ahí: nuevamente fueron las familias quienes tuvieron que hacer el trabajo que le correspondía al Estado”, reclamó.
Sostuvo que derivado de esa situación, se requiere una investigación transparente y en la que la familia de la víctima esté al centro, lo que implica acompañamiento y garantías de no repetición del daño.
Al concluir su intervención, el Punto de Acuerdo fue sometido a votación, pero no fue aprobado.
Respecto al Punto de Acuerdo de la diputada Tania Larios, éste fue dado a conocer por la Mesa Directiva del Congreso local y turnado a las comisiones de Administración Procuración de Justicia y la de Derechos Humanos, para su análisis y dictaminación.
En su documento, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI solicita a la Fiscalía General de Justicia capitalina fortalecer la indagatoria por la violación a los derechos humanos de la víctima, así como a emitir las recomendaciones necesarias dentro de esa institución.
Señala que los hechos que derivaron de la desaparición de la joven y posteriormente su feminicidio, evidencian no sólo la brutalidad de la violencia de género, sino también las irregularidades y retrasos visibles en la respuesta institucional, pese a que existían elementos para actuar de manera inmediata.
