La Comisión de Derechos Humanos, que preside la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, aprobó un dictamen que reforma diversos ordenamientos para erradicar la discriminación hacia las personas por su condición de salud en la educación, el trabajo y los servicios médicos.
El dictamen corresponde a una minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5 y 6 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, el 170 de la Ley General de Educación; el 133 de la Ley Federal del Trabajo, así como el 77 Bis 7 y 138 de la Ley General de Salud.
El senador Antonino Morales Toledo, de Morena, dijo que el dictamen representa “un paso concreto para materializar el paradigma de derechos humanos instaurados en 2011. Su objetivo es claro: erradicar la discriminación por condición de salud, particularmente hacia las personas que viven con VIH-SIDA en los ámbitos donde más se vulnera su dignidad”.
Detalló que la reforma atiende tres ejes fundamentales. En el ámbito laboral, se modifica el artículo 133 de la Ley Federal de Trabajo para prohibir que se condicione el empleo a pruebas de detección de VIH o despedir a las personas por esta condición, además de que fortalece el marco de obligaciones patronales y garantiza un entorno de trabajo libre de estigmas.
Antonino Morales explicó que en el ámbito educativo se reforma el artículo 170 de la Ley Federal de Educación para sancionar la negativa de servicio, la expulsión o la segregación por motivo de salud. De esta manera, dijo, “corregimos así una grave injusticia que corta de tajo el futuro desde las aulas”.
En el ámbito de la salud, mencionó que se garantiza el acceso efectivo a los servicios y se robustece la confidencialidad de la información médica. “La salud es un derecho, no un privilegio sujeto a prejuicios”.
Por su parte, la senadora Edith López Hernández, también de Morena, señaló que el dictamen armoniza el marco legal con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales, y pone en el centro la dignidad humana.
López Hernández dijo que así se materializa el principio constitucional de igualdad y no discriminación por condición de salud, que “responde a una realidad que persiste en nuestro país: las personas que viven con el virus de inmunodeficiencia siguen enfrentando estigmas, exclusión y trato indigno en distinto espacios de la vida pública”.
“Prohibir que se niegue el acceso a la educación, que se condicionen empleos o ascensos a pruebas médicas y reforzar la confidencialidad y el trato digno de atención sanitaria no es solo una corrección normativa es una señal clara de que el Estado no tolera prácticas discriminatorias”, afirmó.
