Para que sea obligatorio incorporar placas en lenguaje braille en el transporte público concesionado, así como en taxis convencionales y de plataformas digitales, la diputada Diana Sánchez Barrios presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa a la Ley de Movilidad capitalina, con el fin de fortalecer la accesibilidad y seguridad de las personas con discapacidad visual.
En la Sesión Ordinaria del jueves pasado, explicó que su propuesta tiene como objetivo que las personas con discapacidad visual puedan identificar, de manera autónoma, información del vehículo y el conductor. Ello, agregó, porque de manera cotidiana se ven obligadas a confiar en terceros en sus traslados.
“Hoy hablamos de miles de personas ciegas y con discapacidad visual en la Ciudad de México que enfrentan todos los días una barrera invisible, pero profundamente injusta. Que una persona ciega no pueda identificar por sí misma el vehículo que la transporta genera riesgos reales, fraudes, errores y violencia, pero sobre todo dependencia”, señaló.
La Coordinadora de la Asociación Parlamentaria por el Comercio Feminista e Incluyente (APCFI) detalló que su iniciativa pretende adicionar el Artículo 82 Bis a la Ley de Movilidad capitalina, en materia de accesibilidad universal para personas con discapacidad visual en los servicios de transporte público concesionado, taxis convencionales y taxis de plataformas digitales.
Desde la tribuna del Recinto Legislativo de Donceles, indicó que la falta de mecanismos accesibles para identificar los vehículos genera riesgos, que van desde errores hasta posibles fraudes o situaciones de violencia.
Sánchez Barrios dio a conocer que en la Ciudad de México existen más de 500 mil personas con dificultad para ver, de las cuales se estima que entre 50 mil y 70 mil personas viven con ceguera total, situación que las coloca en condiciones de vulnerabilidad al utilizar servicios de transporte.
Al respecto, expresó que la accesibilidad debe entenderse como un derecho y no como una concesión. “La accesibilidad no es un favor, es un derecho, y cuando el Estado no garantiza accesibilidad, está discriminando”, recalcó.
Al concluir su mensaje, la Mesa Directiva del Congreso capitalino informó que la iniciativa sería turnada, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.
